Últimos días de la DGAIA y otro "Pacto Nacional"

La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, presentará este lunes el plan para la transformación de la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), más conocida como la dirección general opaca de los horrores.

El empeño es ambicioso, acabar con el sistema implantado por los gobiernos independentistas durante los últimos quince años y que en síntesis ha consistido en ocultar la basura debajo de la alfombra y repartir una pasta gansa entre fundaciones que se ocupan de lo que debería hacer la administración.

Ha sido gracias al caso de la menor de 12 años violada y prostituida que se ha abierto el inmenso cajón de m... Y ahí estaban la investigación de la Oficina Antifrau con un testigo protegido y el informe de la Sindicatura de Cuentas con todas las irregularidades, chanchullos y tejemanejes.

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Lo extraño es que la adjudicación de contratos a dedo, el movimiento sin control de decenas de millones de euros y los delirantes criterios tanto de las fundaciones como de la dirección general en el trato a los menores no se hayan judicializado aún.

"Los retos de la transformación de la DGAIA: externalización, malas condiciones laborales y falta de coordinación", señala un titular de El País.

El texto es de Josep Catà Figuls e Ivanna Vallespín: "Al sistema de atención a la infancia en Cataluña se le han acumulado tantos problemas que el Gobierno de Salvador Illa ha decidido derribarlo y refundar. La gota que colmó el vaso y puso a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAiA) bajo las críticas y los focos de la opinión pública fue la investigación de una red de pederastia que captó a una menor protegida sin que el sistema lo pudiese evitar durante meses, aunque luego fueron los educadores quienes detectaron el caso".

"Pero la institución arrastraba problemas anteriores, desde las irregularidades en la contratación de servicios detectadas por la Sindicatura de Cuentas hasta la investigación de la Oficina Antifraude sobre una posible malversación de fondos en ayudas a jóvenes extutelados, pasando por el cese, hace algo más de un mes, de la cúpula de la DGAiA que llevaba solo seis meses en el cargo".

"El Govern, con la tranquilidad que le da el hecho de que solo lleva nueve meses ejerciendo y que estos problemas vienen de los gobiernos anteriores de ERC y Junts, ha decidido darle la vuelta al sistema. El lunes, la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez, presentará el plan para la transformación de la DGAiA".

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"A principios de esta semana, la consejera se reunió con las principales entidades implicadas en el sistema de atención a la infancia para empezar a dibujar las prioridades para la transformación. Martínez quiere ir deprisa para contrarrestar el grave impacto del caso de pederastia y de las irregularidades en la gestión, y ha dado tres meses para que dos grupos de expertos decidan medidas concretas".

"En el Parlament, esta semana ya ha dado alguna pista: considera que se ha llevado a cabo una “excesiva externalización”. El reto que afronta es mayúsculo, no solo porque internalizar todos los servicios implicaría un desembolso público difícil de imaginar, sino porque el sistema adolece de debilidades estructurales. Educadores sociales, expertos del sector y una exdirectiva de la DGAIA apuntan las principales".

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Líneas después sigue así la información: "Una de las incógnitas del plan de transformación es si se limitará a la DGAiA o abordará el sistema en su conjunto. “Se tiene que abarcar todo el sistema, desde la prevención”, señala Elisenda Xifre, presidenta de Fedaia, la federación que representa a las entidades del sector".

"Xifre pide aprovechar el diagnóstico que en 2021 ya hicieron los diferentes actores en el diseño de un plan de mejora: “Más acompañamiento y prevención, poner la infancia en el centro y desplegar correctamente los servicios en el territorio para que tengan un carácter más comunitario”, resume".

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Sigue la nota: " “Confiamos en que estamos en un punto de inflexión para diseñar entre todos el modelo de infancia que necesitamos”, señala Olga Giner, miembro de la junta del Colegio de Educadores Sociales de Cataluña (CEESC)".

"Con todo, entre los profesionales cunde cierto desánimo por la magnitud de los problemas: Marta (nombre ficticio) es una educadora social en un CRAE: “El sistema no funciona, no hay suficientes recursos ni profesionales y esto provoca que no se esté protegiendo adecuadamente ni a menores ni familias. Y es un problema que se cronifica porque los menores acaban reproduciendo los mismos traumas y problemas cuando son mayores y tienen pareja o crean una familia”".

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Y más: "“Se ha privatizado el sistema de centros y no hay control”, critica Marta, que pide que los centros sean públicos para que la Generalitat pueda controlar mejor qué pasa dentro de esos espacios, porque ahora, según esta educadora social, reciben una inspección al año. Y añade que esta privatización, junto al hecho de que sean menores, ha creado un manto opaco alrededor del sistema de protección a la infancia, que permite que los casos de malas praxis de educadores, desatención de menores o incluso suicidios no traspasen esa capa y no salgan a la luz".

"Asimismo, la educadora asegura que las fugas “están a la orden del día”. “Los Mossos ignoran ya según qué códigos cuando reciben el aviso. Y si pasan unos días de la fuga y otro menor está esperando ingreso, se le da la plaza de quien se ha fugado. Un sistema que teóricamente está protegiendo la infancia, está claro que no lo está haciendo”, critica Marta".

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La información también aporta el testimonio de una exdirectiva de la DGAIA: "“La DGAIA está en permanente estado de emergencia, no puedes tener a los menores en lista de espera, como en las residencias. Te llaman de un hospital y tienes que encontrarle plaza a ese menor al día siguiente”, defiende una exdirectiva, quien lamenta que “se está demonizando la DGAIA y estigmatizando a los menores protegidos”. “Hay margen de mejora, sí, pero también se están haciendo cosas bien. Hemos salvado la vida a muchos niños y niñas, y eso deberíamos verlo como un tesoro”, remata".

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Más de esa siniestra dirección. "Cincuenta familias con hijos tutelados por la DGAIA se reúnen para reclamar su vuelta a casa", destaca un titular de El Periódico.

Escribe Elisenda Colell: "Unas cincuenta familias que han perdido la tutela de sus hijos y que ahora están bajo la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) en centros de menores o en familias de acogida, se han reunido este sábado en el centro cultural de dones Francesca Boneimason, un centro de la Diputació de Barcelona, para estudiar posibles fórmulas colectivas de reclamar la vuelta de sus hijos en casa".

"Esta asamblea, donde la prensa no ha podido entrar, ha sido convocada por la asociación Sindillar, que agrupa mujeres, mayoritariamente migrantes, que trabajan en tareas domésticas y del hogar. En Catalunya, la decisión de retirar la custodia parental la justifican los 57 Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) de los servicios sociales municipales que deben acreditar el maltrato del que son víctimas los menores, aunque la última palabra siempre la tiene la DGAIA".

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"A raíz de este caso (el de la menor violada y prostituida), la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, responsable del sistema de protección de menores del Govern, anunció una transformación de la DGAIA. "Si el señor Illa quiere refundar la DGAIA, que devuelva a todos los niños arrebatados injustamente sólo por el hecho de que sus madres son trabajadoras, pobres e inmigrantes", ha dicho este sábado Norma Falconi, portavoz de la asociación Sindillar".

"En un acto a puerta cerrada, 50 familias venidas de diferentes lugares de Catalunya han estudiado acciones a tener en cuenta para lograr el retorno de sus hijos. "La quita de custodias se basa en un sistema de creencias injustas: a las madres que trabajan muchas horas o que no pueden mantener su vivienda les arrebatan a sus hijos sin ningún indicio subjetivo de maltrato".

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Y: "No lo acredita ningún juez", se ha quejado Falconi a la puerta del encuentro donde ha explicado que un juez ha dado la razón a al menos tres familias de este encuentro pero como el Govern ha recurrido la decisión deben apelar a un tribunal de mayor instancia para recuperar la custodia. "Hay familias que no se lo pueden permitir", añade".

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El análisis es de Toni Bolaño: "El Gobierno afronta una semana clave para sus relaciones con sus socios. Tanto con Junts como con ERC. La relevancia de los temas explicaría el silencio y la poca belicosidad de los de Puigdemont y Junqueras. Incluso Junts votó está semana a favor de tramitar la Ley de embargo de armas a Israel cuando es conocida su cercanía con el estado israelí y con las organizaciones activistas judías".

"Como ejemplo sirva que el jefe de Gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay, pidió la expulsión de RTVE de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) cuando la televisión pública condenó la tragedia humanitaria de Gaza y Cisjordania".

"Eso sí, un poco de ruido con la crítica de Puigdemont al cierre de la Delegación de Cataluña en Tel Aviv. Y un detalle no menor. Junts se abstuvo en la segunda reprobación del ministro Óscar Puente, cuando votó a favor en la primera. Quizá tenga algo que ver el pacto entre Junts y Puente para desbloquear la llegada de la Alta Velocidad al aeropuerto de El Prat".

"Estos movimientos no auguran acercamiento. Al contrario. Junts y ERC votaron con el PP a favor de una moratoria nuclear y Junts ha anunciado una enmienda a la totalidad de la Ley de reducción de jornada. Sin embargo, los partidos independentistas han dejado el ruido en un cajón como se demostró en el decreto anti-aranceles".

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"Y se repetirá en otro evento no menor. El Rey Felipe VI volverá a Cataluña el próximo 23 de junio –tal y como ha avanzado El Periódico– al milenario de Montserrat, cuna del catalanismo. Ese mismo día, el Rey acudirá al 50 aniversario de Badia del Vallès, una ciudad dormitorio a 15 kilómetros, tradicional feudo socialista, que acogió en la década de los años 60 a la inmigración que llegaba a Cataluña del resto de España".

"Otras fuentes apuntan que Junts está sometida a la presión empresarial –que se escenificó en las Jornadas del Círculo de Economía– para un acercamiento con los socialistas en Cataluña, Barcelona y España. El objetivo es evitar acuerdos solo con la izquierda, que aumentan, a criterio de los empresarios, la presión fiscal. En Barcelona, Junts se ha acercado a Collboni para alcanzar un acuerdo para eliminar la reserva del 30% de las promociones inmobiliarias para uso social".

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Y: En Cataluña, el diálogo es nulo, pero no hay crispación y las miradas están puestas en la ampliación del aeropuerto. El presidente Illa ha avanzado que en junio hará público el proyecto de ampliación, aunque ya va con retraso".

A modo de conclusión, Bolaño destaca que "el castillo de naipes, de momento, aguanta el tipo y no se cae, porque el mejor pegamento es mantener a Pedro Sánchez en Moncloa frente a un Partido Popular que está en contra de la financiación singular para Cataluña, la amnistía, el catalán en Europa y que cuestiona la OPA del BBVA a Sabadell si no se dan más garantías para pymes y autónomos".

Actualidad barcelonesa. La Vanguardia entrevista al alcalde Jaume Collboni y destaca esta frase: "Si queremos moderar la fiscalidad a las familias deberemos aumentar la fiscalidad turística".

El texto es de Ramon Suñé. Ahí van las preguntas y respuestas más destacadas:

Pregunta: Esta semana ha proclamado que el 85% del programa de gobierno está ya ejecutado, en desarrollo o preparado. Casi que podemos dar el mandato por finiquitado…

Respuesta: El 85% de las decisiones que tomamos están en marcha. Comenzamos con lo esencial para el ciudadano, el espacio público y la limpieza, la seguridad y la vivienda. Dos años después podemos afirmar que todos los indicadores nos dicen que la ciudad está mejor. Está mejor en limpieza, mejor en seguridad. La falta de limpieza ha dejado de ser un problema y tenemos un plan de mejora del espacio público, el Pla Endreça. que todo el mundo puede percibir cómo ha transformado la ciudad.

En seguridad, el último dato es el de la reducción de un 16% de los delitos en Ciutat Vella en el primer cuatrimestre de este año. Y en vivienda hemos logrado detener la escalada de precios a partir de la regulación y hemos tomado una decisión muy importante, la no renovación de las as licencias de pisos turísticos en 2028.

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P: ¿Cuándo fue investido se imaginaba llegar a la mitad del mandato gobernando todavía en solitario?

R: Esperaba y espero que la mayoría progresista lograra articularse. Soy un alcalde progresista y nuestras políticas van en esa dirección. Honestamente, sí que esperaba que se pudiera configurar una coalición, pero no ha sido posible. Sin embargo, aun estando en minoría, hemos tenido una gran capacidad de sacar adelante proyectos en la ciudad.

P: Una de las decisiones más destacadas que ha tomado en estos dos años es el propósito de eliminar todos los apartamentos turísticos a finales del 2028. Los afectados están dispuestos a llevar la batalla jurídica a las últimas consecuencias. ¿Tiene plenas garantías de que esa medida saldrá adelante?

R: Estamos en una situación de emergencia habitacional en Barcelona. Los jóvenes de las familias trabajadoras y de la clase media marchan de la ciudad porque no pueden acceder los precios del alquiler o compra. Los pisos han de ser, fundamentalmente, para vivir. Entre el derecho a utilizar un piso para vivir y la opción de utilizar un piso para que haya una actividad turística, el Ayuntamiento ha de regular y proteger el uso residencial.

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P: El sector turístico, a raíz de esta decisión o del incremento de la fiscalidad, está muy molesto. Y, al mismo tiempo, parecen rebrotar manifestaciones turismofóbicas que son amplificadas en algunos países.

R: Defendemos el turismo como una parte muy importante de la economía. Quereremos un turismo positivo, de calidad, que conviva con la ciudad. Como responsables del gobierno de la ciudad, no podemos permitir que Barcelona se someta a una industria concreta, ya sea la turística o cualquier otra.

Una cosa es ser una ciudad con turismo y otra es ser una ciudad turística. Estamos logrando diversificar la economía de la ciudad. Las cifras de inversión en sectores como la biomedicina o el tecnológico son muy positivas. Se está produciendo un cambio de paradigma.

Lo que hacemos con estas medidas es, precisamente, evitar la turismofobia, demostrar que Barcelona puede tener una industria turística sana, que conviva con la ciudad, que aporte valor y que genere puestos de trabajo sin que haya tensiones. Pero esto significa poner límites a la masificación, como están haciendo todas las ciudades con turismo.

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P: Muchos barceloneses se sienten expulsados, ven Barcelona como una ciudad que, por su gran atractivo, se está convirtiendo en una ciudad para turistas y expats

R: Nosotros creemos que hemos de defender la vida de las personas locales y por eso hemos decidido intervenir en el mercado de la vivienda.

Estamos construyendo 5.000 viviendas protegidas y llegaremos a un ritmo de producción de 1.000 viviendas/año, el máximo histórico de la ciudad. Somos una ciudad abierta al mundo, que recibe visitantes y gente que viene a vivir y a trabajar aquí y que son bienvenidos. Pero nuestro trabajo, al mismo tiempo, es garantizar que la ciudad sea habitable para los locales

P: Todas las administraciones y partidos han identificado por fin la vivienda como prioridad. ¿No llega un poco tarde? Los resultados de las políticas anticrisis habitacional tardarán mucho tiempo en verse.

R: De momento hemos logrado parar la escalada de precios del alquiler, que era una medida urgente y paliativa. Ahora debemos apretar el acelerador para generar mayor oferta pública y privada. Es obvio que este un largo camino. Nosotros esperamos entregar unos 3.000 pisos durante este mandato, pero espero que en el próximo sean 6.000 y al siguiente 15.000.

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P: ¿Espera anunciar antes del verano un acuerdo con Junts para flexiblizar la norma del 30%?

R: La norma actual no ha dado los resultados que queríamos ni esperábamos. El número de viviendas generadas es ínfimo y, además, ha frenado la producción de vivienda libre, que también es necesaria para que haya más oferta en el mercado. Estamos planteando que el 30% funciones tomando como modelo la propuesta de Carme Trilla. Es muy importante que el sector inmobiliario esté activo, que realice inversiones, porque también necesitamos vivienda libre.

P: Junts plantea que en paralelo a un acuerdo sobre el 30% cambios en la fiscalidad municipal

R: El acuerdo sobre el 30% ha de centrarse en el 30%. Se están produciendo conversaciones y creo que podemos ser relativamente optimistas. Y otra cosa es la fiscalidad.

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P: ¿Plantea usted alguna rebaja fiscal?

R: ¿Cuál ha sido la política fiscal de este gobierno durante los dos primeros años de mandato? Mantener congelados los impuestos a las familias ya las pymes de la ciudad. El IBI no subió a la ciudad de Barcelona y no lo hizo en parte gracias al aumento de la fiscalidad turística.

Estoy dispuesto a abrir el debate sobre fiscalidad en el marco de las ordenanzas fiscales del 2026 siguiendo la misma lógica. Si queremos moderar la fiscalidad sobre las familias, las pymes y los autónomos, sobre todo a partir del IBI, deberemos tocar también la fiscalidad turística porque no podemos permitirnos reducir los ingresos fiscales de la ciudad. Reducir los ingresos fiscales significaría dejar de hacer muchas políticas públicas que la ciudad necesita en términos de transformación urbana o de redistribución de la riqueza.

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Más entrevistas. El Nacional se reúne con el presidente del Consell de la República, Jordi Domingo, quien exhibe la última carta del independentismo, el comodín total.

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Un "Pacto Nacional". Pues con eso ya estaría.

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El texto es de Vicenç Pagès. A continuación, las preguntas y respuestas que hacen alusión al titular y a las no relaciones con Toni Comín:

P: ¿Cómo es que han tardado hasta tres meses en anunciar el nuevo gobierno?

R: Estatutariamente, nos lo permitía y el plazo máximo era de tres meses. No quisimos salir al día siguiente a decir que haríamos eso o aquello sin saber seguro que lo haríamos o que lo podíamos hacer y que teníamos las herramientas para poder hacerlo. No hay que olvidar que venimos de una transición dentro de la institución complicada y que no ha sido fácil.

Es una situación en la cual el espacio del Consell per República no era un espacio pacífico ni en el sentido reputacional, ni en el económico, o en el sentido de consolidación muy potente de los consejos locales... Todo eso se tenía que diseccionar con bisturí. Teníamos que saber cuál era la herencia que teníamos.

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P: ¿Han acabado haciendo alguna auditoría interna?

R: Lo estamos haciendo. No es exactamente una auditoría, no nos confundamos. Un informe económico y jurídico es más útil que una auditoría. La auditoría siempre son mecanismos muy pautados y estructurados que están muy bien con las mercantiles, ya que estudian si el balance corresponde a la realidad auténtica de aquella sociedad. En cambio, un informe es mucho más amplio.

Estamos trabajando los años 2024 y 2025. Yo lo quería tener antes del 17 de mayo, pero las cosas van mucho más retrasadas de lo que yo hubiera querido, porque hay dificultades en determinada documentación. Una vez esté, obviamente no habrá inconveniente al hacerlo público o, como mínimo, compartirlo con los consejos locales y con quienes sea necesario.

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P: Usted el sábado también anunció el Pacto Nacional por el Reconocimiento Internacional de la Nación Catalana. ¿En qué consiste?

R: Lo explicaremos el 27-28 de junio, pero es un intento real de propiciar que, a través de Naciones Unidas, se reconozca el derecho de autodeterminación de los catalanes. Es un tema que Jordi Castellà ha estudiado muy bien. Desdichadamente, a veces por estos problemas que tiene este país, nos pegamos tiros en el pie, y por eso no prosperó en la causa catalana.

En cambio, sí que prosperó la experiencia guineana. Intentaremos que este ejemplo de los años 60' sea posible en el mundo de hoy. Habrá que trabajar mucho, porque en estos momentos no hay una mayoría parlamentaria ni un Govern de la Generalitat independentista, que facilitaría extremadamente las cosas.

Hoy puede ser una quimera, pero también lo parecía el día que se hicieron las primeras consultas en Arenys de Munt. Nuestra aspiración es que se vuelva a movilizar el país y que sea realmente uno de los puntos claves de nuestro gobierno.

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La experiencia guineana...

25 de mayo, día del Orgullo Friki. Santoral: Nuestra Señora del Puy (Estella). Beda el Venerable, María Magdalena de Pazzi, Gregorio VII papa, Aldelmo, Canión de Atela, Dionisio Ssebuggwawo, Dionisio de Milán, Genadio de Astorga, León de Troyes, Magdalena Sofía Barat, Pedro Doan Van Van y Zenobio de Florencia.