
Òscar Escuder, presidente de Plataforma per la Llengua EUROPA PRESS
Plataforma per la Llengua va cada vez más lejos en sus campañas de acoso y señalamiento contra trabajadores, comerciantes y negocios que no usan la lengua catalana en su rotulación y/o en la atención a los clientes. Su nivel de hostigamiento ha llegado a tal punto que, ahora, incita a sus seguidores a grabar conversaciones privadas con cualquier empleado o establecimiento que utilice el castellano, o cualquier otra lengua que no sea la autonómica, para así tener pruebas para denunciarles ante la Generalitat y que ésta les sancione.
La entidad ultranacionalista ha publicado una guía en la cual propone a sus chivatos realizar esas grabaciones "tanto en formato de vídeo como de audio". Y, una vez obtenidas, les pide que se las notifiquen para asesorarles y "hacer seguimiento" de su queja. Además, la autodenominada "oenegé del catalán" se ofrece a ayudarles para rellenar formularios de denuncia ante la Agència Catalana de Consum.
Como guinda de esta nueva campaña identitaria, excluyente y clasista, Plataforma per la Llengua pone en su diana a teleoperadores, mensajeros y camareros en sus tres casos de ejemplo de personal susceptible de ser denunciado por no atender en catalán. En especial, si lo hacen en castellano, lengua también oficial en la autonomía.
Y esto se ha convertido, por desgracia, en el pan nuestro de cada día. Ayer mismo, los llamados espías del catalán también presumieron de haber recogido casi medio millar de quejas en dos semanas contra comercios que no rotulan en la lengua autonómica. Con la intención, también, de denunciarles ante la Generalitat.
Visto lo visto durante tanto tiempo, resulta incomprensible que una entidad de estas características, que hace de la delación y el hostigamiento su habitual modus operandi, haya recibido -y aún reciba- subvenciones millonarias por parte del gobierno autonómico y un sinfín de ayuntamientos y administraciones catalanas. Y que le permitan actuar de este modo con total impunidad.