Oscar Pierre, a su salida de la Ciutat de la Justicia
El próximo 17 de junio, Óscar Pierre, fundador y CEO de Glovo, deberá comparecer ante el juzgado mercantil número 2 de Barcelona, acusado de competencia desleal.
Just Eat, su competidor directo, le exige una indemnización de 295 millones de euros. La razón: el uso sistemático de repartidores como falsos autónomos, una práctica que habría permitido a la empresa de las mochilas amarillas rebajar costes laborales y obtener una ventaja que, según Just Eat, no es sólo desleal, sino estructuralmente injusta.
Glovo siempre ha operado al borde del marco legal en este sentido. Mientras Just Eat asegura tener a todos sus repartidores en nómina —pagándoles incluso cuando no reparten por causas como el mal clima—, Glovo se ha ahorrado durante años salarios fijos, cotizaciones sociales, vacaciones y otros derechos laborales fundamentales.
La diferencia no es menor: en un sector donde el personal supone el mayor coste operativo, quien se salta las reglas laborales juega con ventaja.
Y esa es la gran sombra que se cierne sobre Pierre. Más allá del resultado del juicio —que decidirá un juez y al que Pierre llega, por supuesto, amparado por la presunción de inocencia—, la realidad es que Glovo acumula ya demasiados frentes abiertos.
Este lunes, sin ir más lejos, la Comisión Europea multó con 329 millones a Glovo y a Delivery Hero por formar un cártel ilegal en el sector del reparto. Una sanción que agrava aún más la percepción de una compañía que parece haber hecho de la excepción su norma.
El modelo de Glovo ha sido disruptivo, sí, pero también polémico. La pregunta es si la innovación justifica prácticas que bordean —cuando no cruzan— los límites legales. En el caso de Pierre, las respuestas empiezan a ser más incómodas que inspiradoras.
