El día del catalán en la UE y de DGAIA a DGPPIA

Hagan sus apuestas. Todo al catalán y a la unanimidad de 27 Estados. Más difícil imposible. Hoy se celebra (salvo cambio de criterio a última hora a fin de no perder la votación) el debate que determinará si catalán, gallego y vasco son idiomas oficiales de la Unión Europea.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha volcado con la exigencia de Carles Puigdemont. No ha escatimado en esfuerzos y tiene al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dando vueltas como una peonza y negociando el apoyo de los Estados a la pretensión española como si no hubiera un mañana.

Por razones desconocidas hasta ayer se extendió la impresión de que la cosa estaba hecha, que era pan comido y que ya se podía vender la piel del oso sin problemas, pero a última hora se empezó a dar importancia al hecho de que con que sólo un Estado vote en contra el castillo de naipes se viene abajo.

La cuestión ha suscitado además una bronca fenomenal entre socialistas y populares. Los primeros acusan a los segundos de maniobrar para impedir el reconocimiento europeo de las lenguas españolas. Los segundos reprochan a los primeros que hayan amenazado a los países bálticos con retirar tropas de la frontera con Rusia si no les votan la oficialidad del catalán.

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En el sector independentista se frotan las manos. Si la petición decae, le van a meter al PP la del pulpo. Hay previa en todos los medios. "Sánchez intenta cumplir con Puigdemont presionando a la UE para que otorgue hoy algún estatus al catalán", señala El Español.

El texto es de Juan Sanhermelando y arranca así: "Este martes, alrededor del mediodía, se celebra en Bruselas el decisivo debate sobre la oficialidad del catalán en la Unión Europea, que supone la culminación de casi dos años de trabajo en Bruselas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez".

"El objetivo de ese empeño es dar satisfacción a Carles Puigdemont y mantener el apoyo parlamentario de Junts. Pero el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ni siquiera asistirá a la reunión".

"En su equipo aducen que la representación de España en el Consejo de Asuntos Generales le corresponde al secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, lo cual es correcto".

"Pero también es cierto que durante la presidencia española del Consejo, en el segundo semestre de 2023, Albares acudió hasta en tres ocasiones al Consejo para defender personalmente el reconocimiento del catalán. Lo hizo incluso cuando no había prevista ninguna votación".

Sigue Sanhermalando: ""Trabajamos con todos los Estados miembros y vamos a seguir trabajando hasta mañana mismo (por este martes) para incluir cualquier duda que puedan tener. Hemos trabajado con varios Estados miembros sobre aspectos en los que tenían dudas o reticencias para conseguir una propuesta sólida", explicó Albares este lunes".

"Sin embargo, el ministro de Exteriores ni siquiera ha conseguido arrancar el apoyo de su nuevo homólogo alemán, Johann Wadephul, que comparecía a su lado tras una reunión bilateral en Madrid".

"Hemos hablado de esta cuestión largo y tendido. Y me llevo la información y los argumentos para transmitirlos al Gobierno federal", se limitó a señalar el ministro alemán".

"El Gobierno de Sánchez está gastando todo su capital político en la UE para tratar de dar satisfacción a Puigdemont con el reconocimiento del catalán".

"Lo está haciendo con una presión constante e intensa al resto de socios y llamadas a las capitales, según han confirmado a El Español varios diplomáticos europeos".

Y: "El periódico Financial Times, considerado la biblia de la información comunitaria, asegura que Albares ha llegado al extremo de amenazar con retirar sus tropas en los países bálticos si no apoyan el reconocimiento del catalán. Las tropas españolas se desplegaron para reforzar el flanco. Este por la amenaza de Rusia. La información del Financial Times ha sido desmentida por el Ministerio de Exteriores".

Las dificultades para el reconocimiento del catalán son ingentes. Esto escribe Sanhermelando: "Un gran número de Estados miembros (entre ellos los bálticos, los nórdicos o Bulgaria) mantienen reservas a la oficialidad del catalán por el impacto jurídico, económico y operativo de esta petición del Gobierno de Sánchez".

"También ponen en duda que España vaya a seguir pagando cuando cambie el Gobierno. Y los servicios jurídicos del Consejo están en contra de este reconocimiento y sostienen que se necesitaría una reforma de los Tratados".

La información concluye de este modo: "Así que la hipótesis más probable que se contempla en Bruselas es que España pida en el último minuto que no haya votación, y que el reconocimiento del catalán vuelva a aparcarse en un cajón. Al menos hasta que Puigdemont plantee otro nuevo ultimátum al Gobierno".

En El Mundo apuestan por titular con las supuestas amenazas a quienes no voten por el catalán en la UE. "España trata de intimidar a los países que se resisten al uso del catalán en la UE: 'Se tendrá en cuenta cualquier falta de solidaridad'", se titula la pieza del diario de Unedisa.

El texto viene con las firmas Daniel Viaña, Víctor Mondelo y Raúl Piña: "La presión del Gobierno de Pedro Sánchez para que el catalán, y en consecuencia el gallego y el euskera, se conviertan en lenguas oficiales está siendo muy intensa. Tanto, que en la reunión previa a la votación que este martes tendrá lugar en Bruselas, España trasladó a sus socios europeos que "se tendrá en cuenta cualquier falta de solidaridad".

"Fuentes diplomáticas confirman esta advertencia, incluso intento de intimidación, que ha ido aparejada con un intenso trabajo diplomático entre capitales en el que se han incluido promesas de ayudas futuras, y que ha estado liderado por el propio presidente del Ejecutivo".

"En Bruselas se ha llegado a deslizar que en las advertencias del Gobierno se han incluido aspectos vinculados con la Defensa y del despliegue militar, como podría ser la presencia española en los países cercanos a Rusia, aunque este punto es muy controvertido y nadie lo confirma".

"De hecho, para muchos es una auténtica locura porque sería mezclar lo que se decide en el Consejo Europeo con lo que se pacta en la OTAN y la seguridad de Europa. Pero lo que numerosas fuentes diplomáticas sí sostienen es que la presión del Ejecutivo ha sido muy intensa y se ha llevado a cabo por diferentes vías".

Y: "Gracias a ello, la posibilidad de que se apruebe el uso del catalán en la UE y se le dé "el mismo estatus" que el inglés y el castellano, que es a lo que aspira el Gobierno, es hoy mucho más factible que hace un mes aunque al mismo tiempo sigue siendo muy complicado". El gato de Schrödinger en versión política.

En el texto se comenta también que "en las últimas horas las cábalas se han disparado. Algunas voces señalan que el Gobierno está lejos de tener todos los votos, otros dicen que lo tiene hecho mientras que desde el propio Ejecutivo y también desde Junts hay "optimismo". "Prudente", añaden en La Moncloa, en donde saben que Alberto Núñez Feijóo ha buscado aliados para que no salga adelante hoy la votación".

Más noticias. "El Govern refunda la DGAIA: menos poder de contratación y más prevención", señala El País. En el sumario se apunta que "El nuevo sistema presentado por la consejería de Derechos Sociales retira al organismo la capacidad de contratar nuevas plazas y de otorgar prestaciones económicas".

Esta pieza también viene con tres firmas, las de Sergi Llanas, Josep Catà Figuls y Màrius Lamor: "Viraje en el sistema de atención a la infancia de Cataluña. La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) pasará a llamarse Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA)".

"El nuevo modelo pondrá énfasis en la prevención y en el refuerzo de los sistemas de protección mediante el traspaso de competencias y la incorporación de 300 nuevos profesionales antes de 2027".

"La consejera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez, ha presentado este lunes las líneas generales de esta refundación después de que varios escándalos hayan puesto a la DGAIA bajo los focos".

"Primero, por las irregularidades en la contratación de servicios detectadas por la Sindicatura de Cuentas; luego, por la investigación de la Oficina Antifraude sobre una posible malversación de fondos en ayudas a jóvenes extutelados; y finalmente, de forma traumática, por la revelación de una investigación judicial sobre una red de pederastia que captó a una menor de edad que estaba protegida por la DGAIA".

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"El Govern se dispone a limitar y acotar las funciones de esta dirección general, a la vez que busca la manera de emprender el reto de transformar un sistema que consta de recursos y centros residenciales muy fragmentados y descoordinados entre sí, en su mayoría externalizados en entidades sociales y que cuentan con plantillas hastiadas por las dificultades en el trabajo y los bajos salarios".

"Además de revisar los protocolos internos y de potenciar la coordinación con los Mossos d’Esquadra, una de las funciones que estaban bajo la lupa del Govern, según ha avanzado la Ser Catalunya, era la de contratar servicios o gestionar prestaciones, por ejemplo las que se otorgan a los mayores de 18 años extutelados para que tengan algún recurso a la hora de emanciparse del sistema de protección".

"A partir del 3 de junio, la consejería traspasará la carga de las prestaciones económicas a la Dirección General de Prestaciones Sociales. La gestión de estos contratos y ayudas es precisamente lo que se puso en duda tras la investigación de la Oficina Antifraude, que investigó a diferentes entidades que supuestamente renovaban o duplicaban fraudulentamente prestaciones para personas que ya no tenían derecho a ellas o ya las habían recibido".

Y: "El nuevo modelo también contempla que la contratación de plazas residenciales sean traspasadas a la Dirección General de Provisión de Servicios ―como ya se aplica en los casos de personas mayores o con discapacidad―, pero la gestión de estas seguirá en manos de la DGPPIA".

En La Vanguardia entrevistan a la consejera Martínez Bravo, quien señala que "Con la nueva DGAIA serán más difíciles casos como el de la niña violada".

Las preguntas corren a cargo de Rosa M. Bosch y Josep Fita y estas son algunas de las más destacadas:

P: ¿Con la transformación radical que ha anunciado hoy (por ayer) de la DGAIA considera que casos como el de la niña víctima de un pederasta será más difícil que se repitan?

R: Creo que será más difícil que casos como este vuelvan a suceder. Lo que queremos es reforzar tanto la calidad de la atención en los centros como promover que los menores estén bien atendidos por sus familias. Hay muchas que podrían enderezar su vida y hacerse cargo de sus hijos con mayor seguridad si se hace un trabajo comunitario y de apoyo psicológico. La nueva colaboración con los Mossos d’Esquadra nos debe permitir ser más proactivos en las redes sociales para poder identificar a potenciales depredadores.

P: ¿Le constan más abusos?

R: Tenemos constancia de que desgraciadamente hay muchos menores tutelados que, en algún momento de su vida, han sufrido abusos sexuales, pero la inmensa mayoría los han padecido en la etapa anterior a la tutela. El sistema no es infalible.

P: ¿Se ha planteado que sea un juez quien declare la situación de desamparo de un niño?

R: El modelo de desamparo, que es estatal, es administrativo, no judicial. Podemos reflexionar al respecto y, si llegamos a alguna conclusión, elevarla al Gobierno del Estado. Lo que dicen los expertos, y también la Sindicatura de Greuges, es que, con el marco normativo actual podemos dar pasos en la dirección de fortalecer los derechos de los niños y de sus familias en estos procesos de desamparo. Un primer paso sería introducir la figura del mediador; otro, crear comités interdisciplinares para que, en especial en casos difíciles, se tome una decisión colegiada entre la Administración, la Abogacía e incluso la Judicatura.

P:Ha anunciado un plan de integridad para evitar, según sus propias palabras, los conflictos de intereses y la falta de transparencia. ¿Se han producido situaciones de este tipo?

R: No necesariamente. Lo que se ha puesto en evidencia es que precisamos unos procesos y unas reglas del juego más claras. La ciudadanía pide que enfaticemos ciertos aspectos de transparencia y de buen gobierno. El 99% de los servidores públicos ya actúan de esta manera, pero no está de más poner negro sobre blanco sobre cómo proceder en ciertas cuestiones.

P: ¿Prevén poner más filtros para evitar casos como el de las fundaciones que presuntamente cometían irregularidades?

R: Estamos focalizados en establecer unas normas del juego transparentes y claras, no necesariamente en realizar un cribado de entidades porque hay una normativa sobre la concurrencia a concursos públicos. No podemos decir: “No, no quiero que concurses”, eso iría en contra de la competencia.

P: El informe del 2024 de la Sindicatura de Comptes respecto a las prestaciones a los extutelados señalaba indicios de delito. En breve emitirá un nuevo informe.

R: Me consta que próximamente se publicará, que estará centrado en el año 2022 y que identifica cuestiones en las que debemos ser más eficientes. Por eso, en gran medida, hemos impulsado estos cambios. Cuando yo llegué, nos encontramos en una situación bastante preocupante en relación a pagos indebidos relacionados con la renta garantizada de ciudadanía. Entonces, hicimos toda una serie de acciones para reducirlos. Ahora, haremos lo mismo. Diría que hemos ido más allá con el nuevo plan que las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes.

Más historias. "Un año de la amnistía: el pulso TC-Supremo amenaza a Puigdemont", destaca La Razón.

En el sumario se dice que "Aunque el Tribunal Constitucional avale la medida, el juez Llarena debe decidir si acude al TJUE y si mantiene la orden de detención y prisión contra el expresident".

Escribe Ricardo Coarasa: "Un año después de la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso –se cumple el próximo viernes, aunque entró en vigor el 11 de junio, diez días después de publicarse en el BOE– la polémica norma deja un reguero de recursos, todavía sin resolver, sobre todo en el Tribunal Constitucional (TC) pero, también, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuyo posicionamiento sobre una posible vulneración de la ley del derecho comunitario resultaría clave más allá de lo que diga la corte de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido".

"Toda esa batería de recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, de demandas de amparo y de prejudiciales mantiene doce meses después a la espera tanto a los líderes independentistas condenados por el «procés» como a los políticos fugados, con el expresident Carles Puigdemont a la cabeza".

"El líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de condenados por el Tribunal Supremo ya fueron indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero esa medida de gracia solo afectó a las penas de prisión, por lo que siguen inhabilitados para ser candidatos, lo que por ahora aleja a Junqueras de cualquier lista electoral hasta 2031".

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"En cuanto a Puigdemont, que con su fuga hace más de siete años ha eludido la acción de la Justicia española (aunque fue detenido en marzo de 2018 en Alemania finalmente no fue entregado a España y su visita fugaz a Barcelona el pasado agosto se saldó con un esperpento policial que dejó en agua de borrajas la orden de detención vigente), su regreso sigue bloqueado, porque el Supremo se niega a amnistiar el delito de malversación por el que está procesado".

"Tanto la Sala Penal como el magistrado Pablo Llarena, ante quien debe rendir cuentas el líder de Junts, coinciden en que la malversación del «procés» no está amparada por la amnistía, que excluye de su ámbito de aplicación a quienes obtengan «un beneficio personal de carácter patrimonial». Un enriquecimiento que el alto tribunal aprecia en los políticos que con cargo a los caudales públicos financiaron el proceso soberanista sin que sus bolsillos se resintieran".

Y: Todos, condenados y procesados, observan con atención el pulso entre el Tribunal Constitucional, que espera pronunciarse sobre la ley la última semana de junio (todo apunta a un aval a la amnistía de los magistrados progresistas), y el Tribunal Supremo, que además de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la norma ante el propio TC parece dispuesto, según las fuentes consultadas, a acudir al TJUE si finalmente la corte de garantías valida la amnistía, en cuyo caso la aplicación de la misma quedaría paralizada a la espera del dictamen de la Justicia europea".

Y ahora, la típica historia del cine español. "Las subvenciones a 'Parenostre', el blanqueo de Toni Soler a Pujol, multiplican por nueve lo recaudado", apunta un titular de Crónica Global.

En el subtítulo se destaca que "La película sobre el expresidente de la Generalitat, dirigida por Manuel Huerga, contó con más de dos millones de euros públicos para su producción". Del texto de Àlex Cárcel: "La polémica película Parenostre no está teniendo el éxito que sus impulsores previeron. El filme dedicado a blanquear al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol apenas ha contado con 31.984 espectadores desde su estreno, hace ya más de dos meses".

Muchos parecen. Líneas después, Cárcel señala que "la recaudación de la película hasta la fecha ni siquiera supera los más de 500.000 euros de inversión privada que obtuvo, que no era ni un 25% del presupuesto total. La recaudación apenas supera los 225.000 euros, una cifra casi diez veces inferior a los más de dos millones de subvenciones públicas que obtuvo una película que, también en cuanto a las cifras, ha dejado mucho que desear".

Sección "mondo indepe". Nueva locura de la Plataforma per la Llengua. "La 'Stasi' catalana: incitan a grabar conversaciones privadas en los negocios que usen el español", dice un titular de Vozpópuli.

La pieza es de Óscar Benítez: "Esta entidad, una de cuyas acciones más polémicas en el pasado fue espiar la lengua que hablaban los niños en el patio, acaba de publicar un manual titulado "Guía de Autodefensa de los derechos lingüísticos"".

"En él, se pregunta a los usuarios si alguna vez han vivido situaciones tales como que su compañía de Internet les llame por teléfono y les exija hablar en castellano porque no les entiende, que un camarero les atienda por defecto en castellano antes que en catalán o que un mensajero les solicite sus datos en español como condición para entregarles un paquete".

"En caso afirmativo, Plataforma por la Lengua les asegura que tienen derecho a ser atendidos en catalán, basándose en normas de rango catalán como —citan— la ley 1/1998 de Política Lingüística; la ley 18/2007 de Comercio, Servicios y Ferias y la ley 22/2010 del Código de Consumo catalán".

"Siendo así, la 'ONG del catalán' anima a los usuarios a denunciar esta "vulneración" ante la Agencia Catalana de Consumo. Eso sí, recomienda haber contactado antes con la plataforma para hacer un seguimiento de la denuncia y obtener asesoramiento gratuito".

Catalán semioficial y catalanidad en extinción

""En menos de cinco minutos lo tienes hecho", prometen. Se trata de un procedimiento que la entidad, que suele jalear escraches a los comercios que atienden en castellano, ha promovido en el pasado. Sin embargo, en esta ocasión la novedad reside en que insta a los denunciantes a "conseguir pruebas" que garanticen que la delación llegue a buen término —esto es, con el comerciante sancionado—. ¿Y cómo recabar dichas evidencias? Pues grabando la conversación mantenida con la empresa en cuestión".

Y: ""Grabar una conversación en la cual participas, tanto en formato de vídeo como en un audio, es plenamente seguro y legal", reza el documento, aclarando que "no hace falta avisar al resto de participantes de la conversación"".

Luego viene aquello de que el idioma catalán está en retroceso, que los jóvenes pasan de la lengua de Pompeu Fabra, que en pocos años desaparecerá, etcétera, etcétera. Si fuera por estas iniciativas tan simpáticas de la Plataforma ya sería una lengua muerta.

27 de mayo, santoral: Agustín de Cantorbery, Atanasio Bazzekuketta, Bruno de Wurzburgo, Ranulfo de Arras, Eutropio de Orange, Gausberto, Gonzaga Gonza, Julio de Dorostoro y Restituto mártir.