Escándalo sobre escándalo en la DGAIA

La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) aún no ha sido desmantelada. Ni se han puesto todavía en cuarentena los contratos con la red de fundaciones señaladas por la Sindicatura de Cuentas e investigadas por la Oficina Antifraude encargadas de prestar los servicios de tutela, acogida y guarda de los menores desamparados.

El caso de la niña de 12 años acogida por la Generalitat y que fue violada y prostituida por un sujeto al que los medios ya han bautizado como el Pelicot catalán ha vuelto a poner en la picota a la DGAIA y a esa estructura de fundaciones con las que la administración autonómica subcontrata los servicios. 

La opacidad es absoluta bajo la gran coartada de que la intimidad de los menores es sagrada. Que se lo digan a la última víctima. Al descontrol en la atención a los menores que se infiere del caso de la niña captada por el cabecilla de una banda de pederastas se deben añadir unas prácticas administrativas y económicas que deberían haber sido judicializadas cuando las señaló el Tribunal de Cuentas.  

El asunto de la violación y prostitución y los extraños manejos contables en la DGAIA son el tema del día en los medios. "La Generalitat investiga su actuación en el caso de la menor víctima de una red de pederastia", señala un titular de El País.

Portada de El País

En el sumario, otro detalle alucinante e incomprensible: "Un educador social acusa a la Dirección General de la Infancia de la Generalitat de permitir que la joven viviera con un mayor de edad". 

La pieza viene con la firma de Rebeca Carranco: "La Generalitat ha abierto un expediente informativo para aclarar cómo se trató el caso de una menor de 12 años, que fue víctima de una red de pederastia. La adolescente fue captada por un hombre de 40 años, a través de una aplicación de citas, y fue agredida sexualmente por él y presuntamente por al menos otros cinco hombres".

"Además, el cabecilla de la red, Teófilo L. M., la usó para lograr nuevas víctimas, según la investigación. La menor de edad estaba bajo el paraguas de la Generalitat, que tenía su guarda y custodia (una forma de protección más limitada que la tutela). La síndica de greuges [defensora del pueblo], Esther Giménez-Salinas, también ha anunciado la apertura de una investigación".

"La consejera catalana de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha solicitado este miércoles comparecer en el Parlament, después de que el caso, que se inició en 2021 con una denuncia de la propia víctima, regresase a la primera línea informativa".

Líneas después Carranco señala que "el departamento de la Generalitat ha abierto el expediente para conocer la actuación interna de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) después de que un educador social denunciase de que la institución permitió que la víctima se fuese a vivir con un adulto". 

"“Se escapó con un chico de 25 años cuando ella tenía 15 años [Ahora tiene 17]. La DGAIA lo aceptó. Ella iba al instituto y les pareció correcto, pero no ocurre habitualmente”, explicó el martes Daniel Segura, que estaba destinado en un centro en L’Hospitalet de Llobregat, donde vivía la niña. Eso sucedió después de que la madre, que no tenía la custodia, falleciera, según contó".

"Antes de eso, el entorno al cargo de la menor, que fue violada desde los 12 años, ya sabía de los problemas que padecía. “Sufría acoso escolar en el instituto y tenía mucha necesidad de recibir afecto de cualquier tipo. Detectamos que eso era un indicador de riesgo”, añadió Segura, que indicó que las agresiones sexuales se prolongaron dos años, hasta que se percataron de la situación". 

"Ante las sospechas, los educadores revisaron su móvil y descubrieron indicios de que estaba siendo agredida y eso llevó a la denuncia ante los Mossos".

Tras explicar el modus operandi de los "depredadores sexuales", el texto señala que "la Generalitat, sin embargo, saca pecho de su actuación en el caso. “Fue gracias a la intervención del personal educativo del centro, que detectó indicios de abusos y activó los protocolos pertinentes, que pudo tramitarse la denuncia y llevar a cabo las detenciones”, agrega la nota".

Todas las preguntas sobre la DGAIA acaban mal, como demuestra este titular de La Vanguardia: "Antifrau investiga a la DGAIA por las prestaciones a jóvenes extutelados".

Portada de La Vanguardia

Prestaciones económicas. Dinero que permite a las fundaciones seguir cobrando por muchachos y muchachas que ya no están bajo su responsabilidad, sea tutela, guarda o a media pensión.

Lo explica Josep Fita: "La Oficina Antifrau de Catalunya está investigando una posible red de fraude de entidades encargadas de conceder y hacer el seguimiento de prestaciones que la Generalitat otorga a jóvenes extutelados que todavía están bajo el paraguas de la dirección general de Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)".

"Se trata de la Fundació Resilis –que gestiona el servicio de promoción en la autonomía y emancipación de jóvenes extutelados– y la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis, entidad privada que se encarga del servicio de seguimiento y valoración de la prestación económica (Sevap) para estas personas. Estas ayudas las concede el área de apoyo a los jóvenes tutelados y extutelados, que forma parte de la DGAIA".

"Según la documentación de Antifrau a la que ha tenido acceso La Vanguardia, los hechos que se investigan podrían comportar “un perjuicio para la hacienda pública”. El educador social que interpuso la denuncia y ha propiciado la pesquisa sostiene que dicho “perjuicio” habría sido ignorado “de forma reiterada y sistemática, tanto por parte de la DGAIA como de la Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis".

"Fuentes conocedoras de la investigación aseguran a este diario que el educador social denunciante fue exhortado, por parte de sus superiores, a emitir documentación falsa para sostener el presunto fraude, algo a lo que él no estaba dispuesto". 

"Al ver que esa mala praxis (la emisión de documentación falsa) no cesaba, decidió empezar a grabar las conversaciones que mantenía con la dirección y sus compañeros de trabajo. Estos audios acabaron en manos de Antifrau, que le otorgó su protección".

Párrafos después, Fita señala que "el educador social que ha propiciado ahora la investigación de Antifrau habría recibido amenazas de muerte. No solo denunció los hechos frente al organismo fiscalizador, sino que también presentó denuncia en el 2024 ante la propia DGAIA y el Síndic de Greuges, entre otras instituciones".

"Para acumular evidencias, el educador estuvo cinco meses grabando conversaciones en su lugar de trabajo. Gracias a ello, fue capaz de registrar las confesiones de compañeros de trabajo y de su coordinadora, donde admitían que lo que ahí se realizaba era una malversación de fondos. “Sí, lo sabemos, pero es lo que nos toca hacer”, le respondieron".

Y: "A raíz de los movimientos de este trabajador, otros empleados aportaron su testimonio sobre otras supuestas conductas fraudulentas. “Acreditaron la existencia durante años de plazas fantasmas en recursos residenciales”, aseveran fuentes próximas al caso. Estos testimonios “reforzaron todo el entramado, que es sistémico y que ha ocurrido en Catalunya durante años”".

En La Razón escribe de las derivadas del caso José Antonio Lavilla, quien destaca qué cargos y de qué partidos son los presuntos responsables: "Durante los años investigados, la DGAIA estuvo dirigida por Ricard Calvo (2016-2017), exconcejal de ERC en Girona vinculado después a fundaciones beneficiarias; Georgina Oliva (2017-2018), exdiputada y dirigente de ERC; y Ester Sara Cabanes (2018-2024). Estos hechos tuvieron lugar durante los gobiernos de Carles Puigdemont y Quim Torra, y bajo la responsabilidad de los consellers de ERC Dolors Bassa y Chakir El Homrani".

Lavilla escribe también sobre el informe de la sindicatura de Cuentas: "Una de las principales líneas de investigación se centra en la adjudicación de contratos a estas fundaciones sin pasar por procesos de licitación pública". 

"Según un informe de la Sindicatura de Cuentas de marzo de 2024, entre 2016 y 2020 se otorgaron al menos 98 millones de euros mediante mecanismos de emergencia que permitieron evitar la competencia, de forma injustificada". 

"Muchas de estas adjudicaciones recayeron en entidades donde trabajaban antiguos directivos de la DGAIA, como Ricard Calvo, que antes y después de su paso por el organismo trabajó en la Fundació Resilis, integrada en el Grup Plataforma Educativa".

Y: "Otro de los hechos investigados es el uso de fondos públicos para pagar alquileres considerados desorbitados. Una de las fundaciones implicadas, FASI, recibió dinero de la DGAIA para gestionar viviendas para menores, pero destinó estos fondos a arrendar pisos a través de Casa Equipaments, una inmobiliaria que había adquirido la propia fundación". 

"Entre 2012 y 2015, FASI habría pagado 1,5 millones de euros en alquileres, a su propia inmobiliaria, muy por encima del valor de mercado, en concreto, pagaba entre 3.000 y 5.000 euros mensuales por pisos de entre 120 y 200 m²".

¿Pero hasta dónde llega la desvergüenza? Una fundación de ayuda a la infancia como gran tenedora, con una inmobiliaria entre sus negocios y pagándose alquileres de 3.000 euros mínimo. 

En El Periódico se describe el volumen del negocio. Del texto de Montse Baraza: "La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolèscencia (DGAIA) gestiona unos 20.000 menores en situación de riesgo en Catalunya, de los que 8.867, según cifras del pasado mes de abril, tienen alguna medida de protección tal como la tutela o la guarda. De estos, 5.249, un 59,2%, viven en alguno de los diversos tipos de residencia que ofrece la Administración". 

Portada El Periódico

"El grueso (2.086 menores, que son un 39,7%) lo hacen concretamente en Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE). Es este un sistema externalizado, en el que fundaciones y entidades privadas son las que gestionan los centros a través de un concierto con la Administración". 

"Los Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) son el brazo ejecutor de la DGAIA en los municipios y son los que gestionan y controlan los expedientes de los menores, trabajando coordinadamente con los centros".

Más sobre el caso que ha destapado todos los casos. "Los educadores sociales avisan de que el escándalo de la menor a cargo de la DGAIA 'no es una excepción'", dice El Nacional.

Escribe Lluís Tomàs: "El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) ha manifestado que el caso de la menor bajo la custodia de la DGAIA, víctima de violación y explotación sexual, "no es una excepción". Según el colectivo, "hace demasiado tiempo" que "desde varios espacios profesionales" se alerta de "deficiencias estructurales" en el sistema y de "falta de recursos y reconocimiento" a los equipos profesionales". 

"En este contexto, el CEESC reclama un reconocimiento explícito a la tarea de los educadores que "supieron detectar indicios de abuso" y exige un "cambio profundo" en las políticas de infancia y adolescencia. Además, pide que el "relato mediático" no ponga a la víctima en el centro de la atención, sino que señale claramente la responsabilidad de los agresores".

"En un comunicado, el CEESC propone pasar de un enfoque de protección reactiva a una "mirada comunitaria, de trabajo preventivo y centrada en los derechos". También reclama la "presencia estructural" de los educadores sociales en espacios clave donde "se construyen vínculos y se detectan a tiempo las vulnerabilidades", como servicios sociales, servicios de intervención socioeducativa, centros educativos, proyectos de ocio educativo, actividades deportivas o espacios de participación infantil y juvenil".

O sea que lo que toca según los educadores es una "mirada comunitaria centrada en los derechos". 

Sin salir de El Nacional, Mayte Piulachs señala algunos datos judiciales: "La investigación se ha dividido en tres procedimientos. En el primero, está acusado el electricista, a quien la Fiscalía pide 107 años de prisión por agresión sexual, cooperador de violación y pornografía infantil". 

"En una segunda pieza, hay once investigados —incluido el electricista, que está en la cárcel desde 2024, y otro hombre en prisión preventiva— por haber violado a la menor de la DGAIA y a un niño".

Y: "En la tercera pieza hay seis investigados (incluido el electricista) por haber abusado de al menos cinco chicos. En esta última causa, los implicados podrían no ser acusados de agresión sexual porque los chicos tenían 16 años o más, y pueden consentir mantener relaciones sexuales con adultos. No obstante, la Fiscalía podría acusarlos de tenencia de pornografía infantil". 

Más noticias. El Mundo destaca que el constitucionalismo censura el Pacte Nacional per la Llengua. Escribe Víctor Mondelo: "Las entidades constitucionalistas de Cataluña se proponen impugnar la aplicación del Pacte Nacional per la Llengua, al considerar que la Generalitat pretende emplear la «coacción institucional» para imponer el catalán tanto en la esfera pública como en el sector privado".

"Después de conocer la hoja de ruta acordada entre el PSC, ERC y los comunes, y que cuenta con el amparo de los sindicatos CCOO, UGT o entidades como la Plataforma per la Llengua -la organización que espió a niños en el recreo para conocer sus preferencias lingüísticas-, Convivencia Cívica Catalana ha anunciado que «vigilará todas las disposiciones normativas que se adopten en aplicación del pacto y las impugnará en los tribunales». La misma intención tiene Impulso Ciudadano".

Y: "Los promotores del bilingüismo no acuden aún a la Justicia porque el Pacte Nacional per la Llengua carece de valor jurídico, al constituir, por el momento, una hoja de ruta estratégica en la que el Govern de Salvador Illa y sus dos socios preferentes esbozan las líneas maestras de la política lingüística que se desarrollará en la comunidad en los próximos años y que llevará aparejada una inversión pública de un mínimo de 200 millones anuales hasta 2030".

La buena noticia del día es que Eduardo Mendoza es premio Princesa de Asturias de las Letras 2025.

Del texto de Carlos Sala en Abc: "El jurado, presidido por el director de la RAE Santiago Muñoz Machado e integrado por otros doce expertos, destacó la poderosa innovación que su irrupción supuso en el panorama literario".

"Se trata, asegura el acta, de «una renovación en la narrativa». «En sus libros sobresalen el sentido del humor y la visión desenfadada y humanista de la existencia. Eduardo Mendoza es un proveedor de felicidad para los lectores y su obra tiene el mérito de llegar a todas las generaciones que hoy se reconocen en sus luminosas páginas», leyó Santiago Muñoz Machado esta mañana en Oviedo".

Según El Mundo, Mendoza ha declarado lo siguiente tras enterarse del premio: "Quiero que en Cataluña haya concordia, buena voluntad, corridas de toros, vino, juerga y fútbol".

15 de mayo, santoral: Isidro labrador, Torcuato, Caleb, Reticio, Dympna, Ruperto, Severino, Simplicio, Witesindo de Córdoba y Juana de Lestonnac.