
Una oficina del Banco Sabadell Europa Press
La fusión BBVA-Sabadell suma un nuevo informe en contra: "La operación crea un duopolio en Cataluña"
Fuentes del sector bancario alertan de que, de aprobarse la OPA, la entidad resultante concentraría el 34,8% de oficinas bancarias de toda Cataluña
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La posible fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell crearía un "duopolio en Cataluña", donde la entidad resultante, junto a CaixaBank, concentraría el 74% de las oficinas bancarias en la comunidad. Alertan de ello voces del sector tras conocer el último informe en contra de la operación, que esta vez lleva la firma de la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO).
El organismo se ha posicionado este viernes en contra de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de carácter hostil lanzada en mayo de 2024, después de su pronunciamiento anterior el pasado mes de enero. Las fuentes consultadas se hacen suyas unas conclusiones que, asimismo, apuntalan la oposición del Parlament, refrendada esta misma semana.
Impacto en Barcelona
Siempre de acuerdo con el informe, el mayor impacto se registraría en la provincia de Barcelona, donde el nivel de concentración aumentaría de forma más significativa, aseguran fuentes del sector bancario con preocupación.
Las mismas fuentes indican que ello podría suponer un "encarecimiento y un empeoramiento" de los servicios prestados en las oficinas, principalmente para los clientes "menos familiarizados con los medios digitales".

Mayor concentración que en la UE
En cuanto al crédito, los analistas financieros recogen que la entidad resultante reuniría cuatro de cada diez créditos en el territorio catalán y la cuota conjunta con Caixabank rondaría el 72%, una concentración superior a la de cualquier país miembro con una población parecida a la de Cataluña.
Según estas voces, la operación daría lugar a "un duopolio" en otros servicios clave como cajeros automáticos y terminales de punto de venta (TPVs), lo que podría traducirse en un encarecimiento para las pymes a través de mayores tarifas y recargos.
Pymes, en riesgo
También señalan que el acceso al crédito para pymes reducirse, mientras que las condiciones para los clientes --como la remuneración de los depósitos-- tenderían a empeorar, con un probable incremento de comisiones.
Aunque BBVA ha defendido la operación alegando mejoras de eficiencia, los expertos consultados consideran que estos beneficios "no compensan" el impacto negativo que tendría sobre los clientes y el mercado financiero regional.
La Competencia catalana, en contra
Este análisis se enmarca en el reciente informe de la Autoridad Catalana de Consumo (ACCO). El mismo recoge que la entidad resultante tendría el 34,8% de las oficinas bancarias en Cataluña, así como en 149 municipios se superarían los umbrales de concentración considerados problemáticos por la Comisión Europea.
Estas localidades albergan a 6,5 millones de personas, lo que representa el 82,7% de la población catalana.

Imagen del presidente del BBVA, Carlos Torres, con los representantes de las antiguas cajas catalanas
Monopolio en cinco municipios
La ACCO también advierte de que, en varios de los 46 municipios analizados, el número de operadores se reduciría de tres a dos, y en 55 localidades pasaría de cuatro a tres.
Además, en cinco municipios la operación daría lugar a un monopolio. Esto se debe a que, en cuatro municipios de la provincia de Barcelona, el Sabadell es actualmente el único operador, mientras que en un municipio de Tarragona lo es el BBVA.
"La operación supondría un aumento del poder de mercado en el sector en su conjunto que podría provocar una reducción de crédito y/o un encarecimiento del coste del endeudamiento de las empresas y las familias de Cataluña", concluye la ACCO.
La súplica del Parlament
El pasado jueves, el Parlament aprobó una resolución en la que solicitaba al Govern que rechace la OPA BBVA-Sabadell y reclamaba al Gobierno central que intervenga para bloquear la operación, con el objetivo de proteger el "interés general de Cataluña".
La institución, además, instó a Salvador Illa a emplear todos los recursos políticos, jurídicos e institucionales a su alcance para expresar de manera firme y clara su oposición a esta "concentración".
27 de junio
También en la arena política, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha expresado de forma reiterada su oposición a la OPA. Tras el visto bueno de la CNMC a finales de abril, el Ministerio de Economía decidió elevar el análisis de la operación al Consejo de Ministros.
Ahora, el Ejecutivo tiene de plazo hasta el próximo 27 de junio para pronunciarse e imponer nuevas condiciones. El dictamen podrá mantener los compromisos ya fijados por la CNMC o endurecerlos, amparándose en criterios de "interés general", pero no podrá hacerlo por motivos de competencia, al haber obtenido el visto bueno del regulador.
Desde el inicio, La Moncloa mantiene su rechazo a la fusión por el riesgo que representa "una mayor concentración" del sistema bancario.