No nos engañemos. Lo del Pacto Nacional por la Lengua, al final, es simplemente una cuestión de libertad. De acabar con ella, claro.

Lo que reflejan las 138 páginas del texto impulsado por ERC y suscrito por el Govern y por varias asociaciones nacionalistas no es una voluntad de promover el catalán. O no solo eso.

Lo que rezuma el documento es un ansia por conseguir que el castellano sea una lengua marginal o, cuando menos, secundaria en aquellas áreas donde es el idioma de uso mayoritario por los catalanes. Es decir, en casi todas.

Así, el Pacto prevé 21 ámbitos de actuación con cerca de dos centenares de objetivos concretos.

Por ejemplo, el Pacto Nacional por la Lengua tiene como meta “conseguir que el catalán se incorpore plenamente como lengua de uso habitual en el mundo del trabajo y en el mercado laboral” e “impulsar el uso del catalán como lengua habitual en los centros de trabajo”.

Hombre, decirle a las empresas cuál debe ser la lengua habitual en sus centros de trabajo parece más propio de otros regímenes, ¿no?

También resulta chocante que entre los objetivos del pacto se incluya el “garantizar que las instituciones de la Generalitat y sus representantes se expresen siempre en catalán, como lengua de uso normal, en las comunicaciones dirigidas a la sociedad catalana”.

Quizás podría incluirse en ese objetivo que la Generalitat también se exprese “siempre” en español, “como lengua de uso normal”, cuando se dirija a los catalanes, pues esa es su lengua mayoritaria.

Tiene más guasa aún el punto del Pacto que se marca como propósito “garantizar que el catalán es la lengua habitual de comunicación interna y externa de la Administración [autonómica] –en el marco de la normativa vigente– en las comunicaciones orales, escritas, presenciales y en línea”.

Es decir, se trata de que dos funcionarios de la Generalitat no hablen en castellano entre sí, ni se envíen mails en español, porque esta no se debe considerar lengua habitual, pues “la” única es el catalán.

El apartado para que los presos hablen en catalán es entrañable. “Transformar las dinámicas lingüísticas en los centros penitenciarios para que se normalice y valore la presencia del catalán”, indica el punto 3.11.

¿Qué será lo próximo? ¿Exigir el nivel C para conseguir un permiso penitenciario?

Otro objetivo sorprendente es el que busca “conseguir que el Estado adopte políticas de respeto, fomento y protección del catalán en todas sus actuaciones”. Quizás la administración autonómica debería aplicar eso mismo respecto al castellano, por ejemplo, en la rotulación de los espacios públicos.

Y la guinda final la encontramos en el objetivo 5.3, que se propone “conseguir que Cataluña participe en la Unesco y en otros organismos y entidades internacionales relacionados con la diversidad lingüística y cultural”.

Alguien debería recordarles a los promotores y firmantes del Pacto que precisamente la Unesco aboga y pide a todos los países que impartan educación en la lengua materna de los alumnos. Una solicitud que es completamente incompatible con la inmersión lingüística en catalán que se aplica en las escuelas públicas de Cataluña.

En definitiva, el Pacto Nacional por la Lengua está entre lo marciano y lo norcoreano.