La alcaldesa de Sitges rinde cuentas ante la jueza por presunta corrupción dos años después de su arresto

Dos años después de su detención, la alcaldesa de Sitges (Barcelona), Aurora Carbonell, y su predecesor en el cargo, Miquel Forns, han comparecido por primera vez ante la jueza instructora por el casoTexas.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú ha celebrado esta mañana una sesión centrada en esclarecer el papel que ambos pudieron tener en la presunta concesión irregular de subvenciones y contratos menores a la Taula del Tercer Sector. Laentidad estuvo presidida desde 2013 por el controvertido empresario Joan Carles N.F., alias Texas, supuesto epicentro de una red clientelar con vínculos municipales.

Declaración breve y sin sorpresas

Según fuentes judiciales consultadas por Crónica Global, la declaración ha sido muy corta. Tanto Carbonell como Forns han argumentado, de forma coincidente y sin contradicciones, que sus funciones eran meramente políticas y que no tenían acceso ni competencias sobre la gestión directa de las ayudas y los contratos municipales.

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Se les investiga por supuestamente haber facilitado, sin los controles necesarios, la adjudicación de ayudas públicas a la entidad presidida por Texas, pero en sede judicial ambos han dejado claro que no intervinieron en los procedimientos administrativos ni participaron en decisiones técnicas de contratación. 

Las mismas fuentes aseguran que este extremo también habría quedado claro para la propia fiscalía, que ha hecho pocas preguntas y muy concisas. 

La alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell, a las puertas de los juzgados de Vilanova i la Geltrú acompañada de amigos y miembros de su partido, ERC Cedida

La alcaldesa, satisfecha

A la salida del juzgado, la alcaldesa Aurora Carbonell ha atendido a los medios de comunicación, momento que ha querido aprovechar para mostrar su satisfacción por haber podido, al fin, explicar su versión ante la jueza, tras dos años de espera.

Ha subrayado que su papel siempre ha sido el de velar por el buen funcionamiento del Ayuntamiento de Sitges, y ha querido remarcar que todas las subvenciones que, con posterioridad, fueron señaladas como incorrectamente tramitadas, ya se han reclamado y los fondos han sido devueltos a las arcas municipales.

Momento de la detención de la alcaldesa de Sitges (Barcelona), Aurora Carbonell, en junio de 2023 DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

La alcaldesa ha asegurado que confía en que este paso contribuya a restablecer la buena imagen institucional del consistorio, y ha recordado lo doloroso que fue su arresto, calificándolo como un momento “absolutamente humillante”, orquestado para generar una imagen mediática.

También ha explicado que el interés principal de la fiscalía durante su interrogatorio ha sido esclarecer cuál era su grado de conocimiento respecto a las subvenciones y facturaciones vinculadas a la Taula del Tercer Sector.

Recta final de la instrucción

Aunque con un alcance cada vez más limitado, la instrucción avanza. Y lo hace, según las mismas fuentes, hacia su recta final. De hecho, sospechan que estas han sido las últimas diligencias que se practicarán en esta fase del procedimiento judicial.

Si bien no se descarta que puedan citarse nuevos testigos o investigados, varios abogados defensores de los querellados intuyen que en breve se tomará una decisión clave: el archivo de la causa o su pase a juicio oral.

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Un caso que pierde fuerza

El llamado caso Texas generó un fuerte terremoto político en Sitges.

Aunque Junts fue la formación más votada en 2023, ERC logró retener la alcaldía. Desde entonces, Junts ha intentado capitalizar judicialmente el caso para erosionar a Carbonell, sin éxito.

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Con el paso del tiempo, sin embargo, las sospechas iniciales han ido perdiendo solidez. La instrucción, liderada por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, tuvo que retrotraerse hasta 2014 y ha acabado salpicando también a ediles de Junts, incluido el propio Forns.

Un agente de la UIP de Policía Nacional cierra la puerta de un furgón policial Diego Radamés / Europa Press

Diversas fuentes judiciales, policiales y políticas sostienen que el caso se diluye poco a poco y que, en el peor de los escenarios, podría derivar únicamente en sanciones administrativas.

Los tipos penales de malversación, falsedad documental y prevaricación están siendo muy difíciles de probar porque las subvenciones a la Taula las validó ex ante la exinterventora municipal, que es precisamente la testigo de cargo contra el gobierno municipal de Carbonell. 

En este contexto, los abogados defensores ya preparan su ofensiva final: pedirán el archivo de la causa y la absolución completa de todos los querellados para evitar que el procedimiento llegue siquiera a juicio.

Intento de instrumentalización política 

Tal como publicó este medio, varios testigos afirmaron que Junts tenía conocimiento del operativo policial antes de que se hiciera público, lo que alimentó las sospechas de que el partido instrumentalizó la causa para forzar una moción de censura y bloquear los presupuestos municipales.

No obstante, el movimiento no prosperó y, a día de hoy, la formación ha quedado arrinconada en el consistorio. De hecho, en mayo de 2024 la instructora ordenó ampliar el abanico de investigados e incluyó en la lista a Rosa Tubau, concejala en el anterior mandato y ahora en la oposición.