La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados
Junts garantiza ahora el control de los interventores municipales que pusieron palos en las ruedas durante el 'procés'
El partido de Carles Puigdemont alcanza un acuerdo con el PSOE para la gestión integral de los funcionarios de la administración local con habilitación estatal
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Cataluña asumirá el control de los interventores municipales, figuras clave que dificultaron el referéndum ilegal de 2017. Junts per Catalunya y el PSOE han alcanzado un acuerdo para un nuevo traspaso de competencias, en este caso, para que Cataluña se haga cargo de la gestión integral de los funcionarios de la administración local con habilitación estatal: secretarios, interventores y tesoreros municipales.
El acuerdo se materializa a través de una disposición adicional específica para Cataluña en la Ley de Función Pública del Estado. La norma atribuye a la Generalitat las facultades de creación, clasificación y supresión de puestos; aprobación de la oferta de empleo público; procesos de selección, nombramiento y provisión, y gestión administrativa integral de estos funcionarios.
Retirada en 2013
Cataluña ya tuvo la competencia sobre estos funcionarios públicos hasta que se le retiró mediante la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) en 2013, durante el mandato de Mariano Rajoy (PP).
Falta de recursos en los ayuntamientos
Así, el acuerdo da respuesta, según un comunicado de Junts, a un reclamo histórico del ámbito local para revertir la “situación crítica” que sufren muchos ayuntamientos catalanes. “El 66% de los puestos de secretaría, intervención y tesorería se encuentran vacantes u ocupados interinamente, generando graves disfunciones”, señalan desde el partido.
Más catalán en la administración
El acuerdo también incluye medidas para “garantizar los derechos lingüísticos”, como el “deber de los funcionarios del Estado de atender a los ciudadanos en la lengua oficial que escojan” y la reserva de plazas específicas para catalanohablantes en la función pública del ámbito judicial.
Consideran que se da cumplimiento al compromiso adquirido con el PSOE para la convalidación de los reales decretos en enero de 2024, relativo "al reconocimiento de la posición singular en materia institucional de la Generalitat, como consecuencia de los derechos históricos y la tradición jurídica catalana".
Claves para frenar el avance del ‘procés’
Estos funcionarios públicos fueron clave para frenar el avance del procés independentista. Impidieron que se pusieran recursos públicos al servicio de los secesionistas, como la utilización de instalaciones y material municipales para financiar y albergar el referéndum del 1 de octubre.
Rechazo del Senado
En abril de este año, el Senado ya intentó paralizar esta nueva cesión del Gobierno de Sánchez a los independentistas. La iniciativa, registrada por el PP —que tiene mayoría en la Cámara Alta—, denunció que el Ejecutivo “entregaba el Estado a trocitos a los independentistas a cambio de unos días más en La Moncloa”.
