El mandato municipal llega a su ecuador y se redobla el esfuerzo por buscar una salida al problema más grave que se sufre en Barcelona: el acceso a la vivienda. Ciertamente, las dificultades de los ciudadanos para poder aspirar a un piso digno sin vender su alma al diablo no son exclusivas de la capital catalana. El efecto desolador de la ausencia de vivienda asequible rebasa límites geográficos y fronteras y, por supuesto, España entera sufre esa condición.

En el caso concreto de Barcelona, probablemente la ciudad más cara de España tanto para alquilar como para comprar, salvo algunas zonas determinadas de Madrid, el alcalde Collboni trata de acelerar para cumplir con una de sus promesas electorales: la modificación de la norma que obligaba a que el 30% de las nuevas promociones fuesen viviendas protegidas.

Esa norma, impuesta para forzar la construcción de vivienda asequible, consiguió precisamente el efecto contrario. La cifra era inasumible para los promotores y el resultado final fue que, en lugar de lograr una bolsa interesante de vivienda protegida en Barcelona, se pasó a construir menos que nunca.

Jaume Collboni siempre ha querido modificar esa obligación para convertirla en un requerimiento que se pueda cumplir. La debilidad para gobernar en la ciudad —el PSC lo hace con solo diez concejales— precisa de apoyos políticos para hacerla realidad. Y ahí está el problema. Las conversaciones con Junts parecen ir en buena dirección por el interés de los barceloneses, pero el problema no es la falta de sintonía para resolver una cuestión que ambos partidos podrían abrazar en su ideario económico, sino el cálculo de los castigos políticos que las direcciones de los partidos reservan para tratar de castigar a los adversarios.

Un pacto en esa dirección sería un factor clave para fomentar la promoción de viviendas hasta ahora casi bloqueadas por el deseo de aplicar imposibles.

La vivienda necesita además otras medidas para conseguir que deje de ser una pesadilla. Medidas de carácter nacional, incluso medidas de corte continental. Bruselas tiene que aportar soluciones a las zonas más tensionadas de Europa por este problema. Por ello, la presión de alcaldes y gobernantes a la Unión Europea es imprescindible para que las ayudas para este asunto sean prioritarias, por encima de otras que riegan de millones otros ramos de actividad importantes, pero menos esenciales que resolver la encrucijada de la vivienda.

La cuestión es tan trascendental que tiene sentido que la responsabilidad del área dentro del Ayuntamiento recaiga ahora en la tenencia de alcaldía dedicada a la economía, la que desempeña Jordi Valls. Estamos ante un problema social, pero que tiene una relación estrecha con la economía y, por supuesto, con el futuro de muchas generaciones de personas de esta ciudad.