La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado en la feria Construmat un fondo de 35 millones de euros extra para las comunidades autónomas que desplieguen la Ley de Vivienda estatal. Es decir, para Cataluña y, próximamente, Navarra y País Vasco, donde está en proceso de aplicación. La dirigente socialista --que ha hecho un nuevo llamamiento a la imprescindible colaboración público-privada-- incurre, no obstante, en un erre con erre con su norma.
Y es que ésta no agrada al sector inmobiliario por perjudicar el mercado, a pesar de sus buenas intenciones. La aplicación de zonas tensionadas para habilitar el tope a los alquileres genera un doble impacto: acentúa la inseguridad jurídica de los propietarios que ofrecen sus viviendas a otras familias tras años de modificaciones legislativas y limita la rentabilidad de los activos.
Esto, como resultado, hace que la venta gane enteros frente al alquiler y reduce la oferta. Y en consecuencia, aumenta la competencia y resta posibilidades a las familias de acceder a un piso o una casa. Cataluña ha sido la primera comunidad en abanderar este tipo de medidas coercitivas; ahora la ministra premia a la Generalitat con una nueva partida, más bien escasa teniendo en cuenta lo titánico del esfuerzo que supone paliar el drama de la vivienda.
