Anuncio hecho. Proyecto cerrado. Con cuatro años de retraso, sí, pero sin apenas oposición. La ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat será una realidad en la próxima década, lo que demuestra que el proyecto era cuestión de voluntad.
Solo algunas voces discrepantes, las de siempre, han salido a demonizar el nuevo aeropuerto. Pero las quejas se quedan en palabrería. Ni ERC ni Comuns, socios del Govern del PSC, van a poner palos en las ruedas de la obra, por más que protesten.
El anterior anuncio de la extensión de la infraestructura, en 2021, llegó en pleno contexto de turbulencias en Cataluña. Entonces, ERC y Junts formaban tándem en la Generalitat, pero se llevaban a matar, y mantenían posturas muy alejadas en este asunto.
De este modo, el Gobierno paró la inversión prevista, que en aquellos tiempos ascendía a 1.700 millones (la mitad que ahora), mientras las formaciones más escoradas hacia la izquierda buscaban argumentos contra el agrandamiento de la obra.
Principalmente, compartían criterios ecológicos, como que la remodelación arrasaría con áreas naturales protegidas como La Ricarda. Pero, al final, queda claro que no se habían explorado todas las opciones, que no hubo voluntad política.
Ahora, la propuesta incluye el alargamiento justo y necesario para que Cataluña se convierta en un polo de atracción de talento e inversiones, sin apenas perjuicio para los patos protegidos (la pista en el mar se descartó por eso de si sube el nivel del agua).
Además, se hará de manera que el nuevo El Prat perjudique lo mínimo a los vecinos, y a la espera de que la tecnología vaya reduciendo la contaminación de las aeronaves. Un proyecto que, en líneas generales, debe beneficiar a Barcelona, a Cataluña y a España.
