El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Reunión del Cercle d'Economia
El Gobierno da un giro inesperado: la OPA del BBVA sobre el Sabadell será sometida a consulta pública
La operación cuenta con un amplio y manifiesto rechazo social por parte de patronales, sindicatos, partidos políticos, administraciones públicas y consumidores
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Golpe de efecto del Gobierno al intento de abordaje del Banco Sabadell por parte del BBVA. La consulta pública acerca de la operación anunciada este lunes por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, añade más complicaciones a la fusión entre ambas entidades financieras, dado el amplio rechazo social que la maniobra ha generado en numerosos colectivos y grupos de interés.
La medida, por completo inédita en este tipo de decisiones, se ejecutará en el contexto de la decisión que deberá tomar próximamente el Consejo de Ministros acerca de la operación. Tras la aprobación de la fusión en Fase 2 por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ministerio de Economía cuenta con la potestad de elevar la decisión al Consejo, que dispondrá de un mes para pronunciarse.
Para llevar a cabo este proceso, el Gobierno abrirá la citada consulta con el objeto de recabar la opinión de organizaciones, ciudadanos y asociaciones.
Una medida a la que el Ejecutivo no está obligado, por lo que todo parece indicar que los resultados de la consulta tendrán un peso relevante en la decisión que, finalmente, adopte Moncloa sobre la operación.
El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre
Desde que el BBVA lanzara la OPA hostil sobre el Banco Sabadell, con el propósito último de absorberlo, las posiciones en contra de la operación han sido mayoritarias e, incluso, han ido en aumento.
Entre ellas, además de la del propio banco vallesano, han sido especialmente intensas las de las patronales, en particular las de los territorios más impactados por la operación. En este sentido, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, se ha manifestado en este sentido por última vez este mismo lunes, al instar al Gobierno a paralizar la operación.
También se ha opuesto con firmeza la Confederación de Empresarios de Valencia (CEV) y otras organizaciones de menor tamaño, con especial incidencia en las focalizadas en las pymes. Las asociaciones consideran que la fusión dañaría a las pequeñas empresas al reducir la oferta de servicios financieros.
Por su parte, los sindicatos han rechazado la operación al entender que supondrá un nuevo ajuste de empleo en el sector. Partidos políticos y administraciones públicas han adoptado posturas similares.
El propio Gobierno se ha manifestado desde el primer momento contrario a la operación, una postura que no ha modificado con el paso del tiempo y el avance del proceso. Tampoco lo hizo cuando la CNMC decidió pasar el caso a la fase 2, al detectar riesgos para la competencia en determinados segmentos de la oferta de servicios financieros.
